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Como profesional de la Salud Mental, desarrollo mis actividades en el Hospital Moyano, una de las instituciones sobre la que pende la amenaza de cierre. Tal amenaza acecha desde las noticias que corren a propósito de los proyectos edilicios e inmobiliarios que parece pergeñar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que involucran a nuestro sector, el de la Salud Mental. Tal situación, aun involuntariamente, me concierne. Por eso estas palabras.

         No soy una autoridad municipal, ni una autoridad de la gestión hospitalaria. Soy, simplemente, un profesional más de la Salud Mental que desarrolla sus actividades habitualmente en el Hospital. Como tal, estoy acostumbrado a llevar adelante tratamientos con personas que se encuentran en situación de padecimiento psíquico, tratamientos que, en la institución, llevamos adelante en forma interdisciplinaria, habituados a un trabajo de equipo permanente. En el desarrollo de estas tareas, las cotidianas, solemos ver —con enorme satisfacción— la posibilidad de sostener tratamientos ambulatorios por parte de pacientes realmente severas que, además, pueden trabajar y realizar una vida lo más integrada posible a los diferentes ámbitos sociales. Aquellos mismos que conformamos y de los que todos abrevamos: trabajo, cultura, educación, etc. Con las limitaciones particulares de cada caso, por supuesto (esto último nos iguala a todos).

         Durante esta semana, muchas de estas pacientes están viendo afectada su estabilización psíquica, ya que al no vivir “encerradas en una cáscara de nueces”, y al participar de la circulación de significaciones sociales existentes, han escuchado o leído —igual que todos— noticias acerca del cierre del Hospital. El querido Hospital, la casa de salud, que desde hace mucho tiempo ha marcado para ellas la diferencia entre la pura enfermedad y la posibilidad de una mejor calidad de vida. Por otra parte, en el caso de la Salud Mental, no se tenga duda que el tema y sus implicancias revisten el mayor interés socio-sanitario, ya que muchos de los problemas sociales más significativos (ya sea por su magnitud, o por sus consecuencias indeseadas) son solidarios (esto significa que están “soldados”) a padecimientos mentales sin tratamiento. Nos referimos, por ejemplo, a accidentes de tránsito, adicciones, eventos violentos auto o heteroagresivos aparentemente inexplicables, violencia familiar, abusos sexuales, etc.

         Muchas de las pacientes cuyas características de salud mental responden a coordenadas severas, y cuyas estabilizaciones dependen de parámetros bien delicados   —como decíamos antes— están manifestando excitación, agitación y angustia, debido a la incertidumbre generada por la advertencia echada a rodar impunemente por los responsables de la política de medios del Gobierno de la Ciudad. Decimos esto en la suposición de que debe haber un responsable de qué es lo que se dice y qué no, ya que nos negamos a creer en la improvisación absoluta, librada a lo que dicte la  impulsividad del momento. Aquí se ha elegido proferir enunciados, desde el ámbito oficial que, totalmente desligados de la trama a la que pertenecemos los profesionales de la Salud Mental que trabajamos cotidianamente con pacientes, provocan un efecto en la salud mental de las personas en tratamiento. Entendemos esto de la única manera posible: un ejemplo de lo que este Gobierno de la Ciudad puede hacer con los ciudadanos que atraviesan una situación difícil en lo que hace a padecimientos mentales.

         En este contexto, planteo las siguientes preguntas:

         1)       ¿Por qué deberíamos creer que un gobierno que ni siquiera es capaz de establecer una adecuada política de medios, de manejarse responsablemente en el ámbito de la comunicación social, por qué —entonces— habría de ser capaz de llevar adelante un programa de Salud Mental adecuado?

         2)       ¿Por qué deberíamos creer que un gobierno que con sus acciones provoca perjuicios en los pacientes mentales estabilizados, contribuyendo a su desestabilización, sería capaz de confeccionar (ni hablar de implementar) un buen programa de Salud Mental?

         3)       Pero antes aun: ¿por qué la necesidad de un nuevo programa de Salud Mental, si todavía no se cumplen las disposiciones de la actual ley 448, y ello no se debe a la falta de un programa?

         4)       La ley 448 contempla la prevención primaria y la atención primaria como estrategia de las prácticas de salud. Para ello es necesario reforzar el personal en los CESAC y en los Servicios de Psicopatología de los hospitales generales (esto significa efectivizar nuevos nombramientos de profesionales) ¿Esto se ha hecho? Y si en algún caso se ha hecho algo, ¿la cantidad de nombramientos ha sido suficiente de acuerdo a la demanda de la población?

         5)       La ley 448 contempla la disposición de camas de internación en los Servicios de Psicopatología de los hospitales generales. ¿Esta disposición se cumple?

         6)       La misma ley contempla la necesidad de disponer de casas de medio camino. Éstas brillan por su ausencia. Pero, además, ¿para construir casas de medio camino es necesario cerrar los hospitales de Salud Mental?

         7)       Por otra parte, el Hospital Moyano ha sido remodelado en casi la mitad de su estructura edilicia, presentando en este momento salas —las remodeladas— en perfecto estado de adecuación. ¿Tiene sentido dejar de lado lo que ya se ha hecho por el Hospital, o acaso será más coherente y más sano —incluso desde el punto de vista de la tan mentada “salud mental”— predicar con el ejemplo la continuidad y la estabilidad (o estabilización) que pretendemos para nuestros pacientes?

         8)       Pero antes incluso de todo lo dicho, pregunto: ¿debemos creer que lo que se discute es un nuevo programa de Salud Mental, cuando de lo único que se nos habla, bajo el título de “nuevo modelo de atención” es de proyectos edilicios? ¿O acaso lo único que hemos escuchado no son más bien proyectos inmobiliarios y de construcción edilicia antes que proyectos de Salud Mental?

         9)       Por último, concluimos que no está mal tener mucho dinero. Tampoco está mal ganar más. Incluso sería bueno que no falte. Tampoco nos parece malo que hombres de negocios hagan lo suyo. Si de lo que se trata es de hacer buenos negocios y ganar mucho dinero, adelante, no se queden con las ganas. Pero, al menos, debería existir un miramiento: los pacientes que atraviesan algún problema, pasajero, o bien de curso más o menos corto, o aun de tratamiento prolongado, aunque algunos de ellos no voten cuando llegan las elecciones, también son ciudadanos, y como tal merecen se respeten sus derechos. Y son ciudadanos con algunas particularidades. En tales particularidades somos especialistas aquellos que cotidianamente nos ocupamos de ellos. En atención a este miramiento, si algún proyecto inmobiliario —que de eso parece tratarse— resulta demasiado conveniente para algunos (otra particularidad), sería bueno que estos pocos tengan en cuenta los siguientes puntos: a) respetar los derechos humanos antes que cualquier conveniencia particular; b) respetar el derecho de los ciudadanos que atraviesan situaciones de padecimientos psíquicos; c) conducirse de acuerdo a conductas éticas (por ejemplo, la de no provocar perjuicio a pacientes en tratamiento, quienes luego de un arduo trabajo en sus tratamientos han logrado una estabilización).

         En cuanto al modo que ha adoptado la propaganda del proyecto inmobiliario, no se trata de otra cosa que de la perpetración de amenazas gratuitas a la Salud Mental que, hoy por hoy, no son sino meras disrupciones extemporáneas y manifestaciones espásticas de impulsividad e irreflexión. Estas características, más que con la salud mental se vinculan con la patología.