Como ya es costumbre el diccionario Oxford eligió la palabra del año, en este caso el honor le correspondió a “pos truth” (pos verdad). Similar distinción le brindó el diario español El País. Según el mencionado diccionario, el significado de pos verdad es: “Que se refieren o denotan circunstancias en las que los hechos objetivos tienen menor influencia en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”[1], lo cual no constituye novedad alguna.

Ahora bien, hay quienes hablan de pos verdad para referirse al fenómeno por el cual en nuestros días los personeros del poder político y económico pueden decir cualquier disparate o canallada sin que sus dichos les reporten mayores consecuencias. El actual gobierno argentino constituye un ejemplo paradigmático de este tóxico verbal que –al socavar la capacidad referencial del lenguaje– corrompe el discurso y corroe el lazo social. Y no se trata tanto de las promesas incumplidas que la actual administración acumula de manera cotidiana, sino del recurso perverso por excelencia, a saber: la desmentida. Esto es: negar a sabiendas que el otro sabe que el emisor sabe que todos saben que se está mintiendo. Cuando el emisor del mensaje, el otro que escucha y todos los testigos coinciden en la falsedad de una frase sin que esto suponga la descalificación del mentiroso, estamos en el terreno de la barbarie discursiva. Como no podría ser de otra manera, aquí el poder mediático y sus espadas en la justicia son quienes ofician como el Atila de la palabra.

La clínica prueba que el uso constante de la desmentida enloquece a las personas o, en el mejor de los casos, empuja a la sórdida servidumbre de lo acrítico. Es que la desmentida transmite un mensaje: “no pienses ni discrimines, no hará efecto”. Ejemplos sobran: sin ir más lejos el jefe de gabinete afirmó hace unos días que el actual gobierno es el primero que no basa su accionar en las críticas a su antecesor. Horas después, un dirigente del Pro desmintió por TV que el presidente de la Nación tratara de “impostor” a un líder político pese a que el entrevistador le hiciera oír el audio donde constan los dichos del mandatario[2]. Huelgan los comentarios.

Ahora bien, para esgrimir el recurso de la desmentida no es necesario el uso formal de la  negación. Basta con ignorar lo obvio o desestimar lo que se impone por sí mismo, por ejemplo: firmar un  decreto que transgrede un artículo fundamental de una ley o ignorar la división de poderes en la República.

Por eso, si de desmentida hablamos nada más palmario y evidente que el atropello al estado de derecho en la provincia de Jujuy, territorio que carga con la ignominia de albergar presos políticos. Aquí, entre otras muchas variantes, la desmentida toma la forma de la desestimación que las autoridades provinciales efectúan respecto de las perentorias exigencias de organismos y tribunales internacionales a cuyas resoluciones nuestro país está ligado según lo estipula nuestra Constitución. De hecho, el proyecto para implementar un referéndum que delegue en la opinión pública la decisión sobre la libertad de una persona constituye el más enloquecedor y delirante uso de la violencia institucional que se tenga recuerdo desde la recuperación de la democracia en 1983: se trata de la lisa y llana abolición de la justicia. Aquí, más que el oportuno uso de conceptos psicoanalíticos, se impone citar un párrafo que Freud escribió hace más de noventa años: “Supongamos que en un Estado cierta camarilla quisiera defenderse de una medida cuya adopción respondiera a las inclinaciones de la masa. Entonces esa minoría se apodera de la prensa y por medio de ella trabaja la soberana «opinión pública» hasta conseguir que se intercepte la decisión planeada”.[3]