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 ¿En qué momento nos encontramos?, es una pregunta interesante y compleja que atravesamos e incluso padecemos desde hace algunos meses en Argentina.

¿Qué nos pasó?, nos preguntamos, ¿qué no vimos?, ¿qué se nos escapó? ¡Porqué dejamos la puerta abierta al ingreso de los bárbaros!

  Alejandro Baricco en su ensayo sobre la mutación conceptualiza a “Los bárbaros” esos seres que “respiran con branquias”, y que parecen haber llegado para “romper todo”. Nos dirá:

“todo el mundo percibe un apocalipsis inminente… una tierra saqueada por depredadores sin cultura y sin historia…”[1]

  Utilizaremos metafóricamente el planteo de Baricco para analizar con ello la situación que nos compete y padecemos en relación al habitar el trabajo en una política pública estatal que destina su labor al cuidado, resguardo, orientación y acceso a la justicia de víctimas de violencia familiar y sexual.

  Es menester poder hacer una pequeña reseña histórica al respecto de lo que se fue construyendo y conceptualizando en lo que llamaremos el campo de las “violencias”. Sabemos que un hito fundamental y fundacional se produce cuando a raíz del arduo trabajo del campo de los feminismos comienza un proceso imperioso que apunta a visibilizar la opresión reiterada, sistemática y legitimada que padecían las mujeres en el ámbito tanto público, como privado. Que en lo atinente al ámbito privado, el matrimonio heteronormado, pilar de la familia nuclear, se erigía como el lugar privilegiado de riesgos y violencias tanto para las mujeres como para los niños y niñas insertos en la misma.

  Que a partir de dicha visibilización comienza un proceso que se apoya en consignas tales como “lo personal es político” para producir efectos fundacionales en el campo mismo de la ciudadanía, modificando y quebrando paradigmas existentes.

  Un efecto fundamental se constituye en la salida de la violencia doméstica del campo de lo privado[2] al campo de lo público, el campo de “todxs”. Dicha visibilización ubicó la temática en la agenda pública con implicancias políticas y como una problemática social a la cual se debía dar respuesta[3].

  Desde estos momentos se produce entonces una modificación social-ciudadana y a su vez la creación de políticas públicas que intentan dar respuesta al problema ya evidenciado. En este sentido, la fundación en el año 2006 de la Línea 137 y el “Programa Nacional Las víctimas contra las violencias” tuvo, y sostiene a los largo de los años de existencia, su objetivo en el acompañamiento en el acceso a derechos, y la garantía de encontrar respuestas desde una política pública a padecimientos que en otros paradigmas corresponden al orden de lo privado.

  Esta lógica de acompañamiento desde adentro (allí, donde suceden las violencias) hacia afuera, va de la mano de todo un amplio corpus juris de derechos que obliga a los estados al acompañamiento profesional psico-social de las personas que padecen las violencias. Quienes las adolecen son fundamentalmente mujeres, niños, niñas y adolescentes; las violencias van desde el campo de lo psicológico hasta llegar a femicidios, infanticidios, abusos sexuales, etc. La radical vulnerabilidad en la que se encuentran niñeces, adolescencias sobre todo en este tipo de proceso les implica de tal manera que como plantea Garzón Valdez:

“no están en condiciones de negociar por sí mismos relaciones equitativas de reciprocidad de derechos”.[4]

  Es especialmente importante su planteo: aquellos casos en que existan necesidades básicas insatisfechas, éstas se considerarán el “coto vedado” a la negociación[5]. Coincidimos con el autor, estas cuestiones de derechos básicos, no podrán ser objetos intercambiables en el libre mercado.

  Volviendo al acompañamiento profesional de este programa en particular, la entrada del equipo interdisciplinario a escenarios violentos con víctimas histórica y socialmente arrasadas, implica una preparación muy particular. El posicionamiento de las profesionales es político, se garantizan los derechos básicos de las personas que acompañamos, sus derechos humanos, económicos, políticos y sociales, a una vida libre de violencias, respetando sus tiempos, y su palabra.

  Este deber del Estado, representado por sus agentes, de garantizar los derechos y garantías de las personas que padecen las violencias, implica poder de alguna manera representar a quien es víctima en ese momento puntual de la denuncia, y trabajar para fortalecerla para el proceso judicial que se iniciara en función de las violencias padecidas por ella; la representación, podrá ser con la formulación de la denuncia de la profesional que escuchó el relato en primera persona, o desde el acompañamiento profesional cuerpo a cuerpo, entre otras. Es, entendemos, responsabilidad de los gobiernos sostener ética y económicamente la política pública alcanzada, y a sus trabajadores y trabajadoras.

  Por otra parte es importante resaltar que el trabajo sostenido durante años y la especialización de les profesionales ha devenido en la consolidación de un caudal de material teórico-intelectual en estas temáticas, que ha favorecido la creación y profesionalización, y especialización de dispositivos interdisciplinarios para el abordaje y la elaboración y medición del riesgo, entre otras.

  Es menester entonces reconocer el problema actual y su urgencia. La propuesta de un estado mínimo, ausente, genera impactos inmediatos y detectables en el ámbito de la ciudadanía, y en particular en el campo de las violencias. El programa mencionado anteriormente entre otras áreas de asistencia directa, ha recibido un ataque directo el pasado 28 de marzo del 2024, con la desafectación de profesionales que atienden directamente a personas en la urgencia y emergencia (que se suman a las profesionales desvinculadas el 29 de diciembre del 2023).

  Entonces, frente a la ausencia del Estado, o lo que en este momento se impone que es un desfinanciamiento y vaciamiento profesional (pero también de sentido), se produce en el abordaje de las violencias la pérdida del acompañamiento profesional, y el lugar de intermediario-tercero que permite un campo reparatorio y de cuidado para quienes realizan el gran salto que implica reconocerse como víctima, y pedir ayuda.

  Observamos entonces un panorama en el cual, entre otras deficiencias, las víctimas quedan (nuevamente) enfrentadas al trato directo de las fuerzas de seguridad, por ejemplo; funcionarios y funcionarias judiciales muchas veces sin perspectiva de género, personal de salud que podría revictimizar, sin el acompañamiento profesional necesario que mediatice, registre y tercerice estas cuestiones.

  En este contexto el poder judicial intervendrá en soledad sin el aporte de equipos profesionales en terreno, en áreas sensibles que debieran resolverse con mayor inversión en políticas públicas: violencia de género, violencia sexual contra niños, niñas, niñes, explotación sexual, entre otras.

  Se produce entonces un efecto en el cual en poco tiempo hemos vuelto a naturalizar prácticas propias del siglo XIX. Foucault menciona claramente como aparecen mecanismos de control en lo que él denomina “la sociedad disciplinaria” caracterizadas por el poder panóptico que describió en su obra, y su foco en el control social[6] de la sociedad principalmente a través del castigo.

  Nuestra posición es aquí muy clara, esto no es nuevo, es antiguo, nunca se derribó; se mantuvo casi intacta a lo largo del tiempo esa manera de interpretar el mundo, y se evidencia claramente a través de frases que se repiten casi sin pensar “vuelven porque les gusta que le peguen”, “no te metas, siempre se arreglan en la cama”, “el estado son todos ñoquis, vagos”. Cada una de estas resuenan en el inconsciente colectivo para fundamentar una resolución fácil y rápida a situaciones que presentan complejidades, interseccionalidades, entre otras.

  Respondiendo un poco a esas primeras indagaciones, concluimos que nunca se fueron definitivamente; siguen en los pensamientos más profundos de nuestra sociedad, y en algunas prácticas institucionales que la han naturalizado, por tanto tendremos que seguir trabajando en la protección de los derechos de todas las personas, incluyendo a trabajadoras y trabajadores del Estado; Paulo Freire en función del rol de docentes en Brasil nos enseñó que “la lucha de los profesores en defensa de sus derechos y de su dignidad debe ser entendida como un momento importante de su práctica docente, en cuanto práctica ética”[7].

  En esta transición epocal será importante para quienes seguimos trabajando por los derechos de las personas el concepto la ternura de la que habla Fernando Ulloa[8] “Si digo algunas palabras sobre la ternura es para contrastar el entorno necesario para la constitución ética del sujeto con el entorno de la crueldad”; existen dos habilidades propias de la ternura: la empatía, que garantizará el suministro adecuado (calor, alimento, arrullo, palabras) y como segundo y fundamental componente: el miramiento.

  Tener miramiento es mirar con amoroso interés a quien se reconoce como sujeto ajeno y distinto de uno mismo; entonces militemos la ternura como acto político. En lo atinente al campo de las violencias la ausencia de la escucha especializada, la escucha tierna y política, reproduce la falta del tercero de apelación, tan perjudicial para quienes atraviesan dichos procesos.

  Cerraremos intentando asumir un planteo concreto. Necesitamos tal vez cambiar los modos en los que respiramos (utilizando la metáfora de Baricco) pero sin por ello retroceder en el avance de derechos conseguidos. Sostengamos entonces el “coto vedado a la negociación”, hay espacios, derechos, acompañamientos y cambios socioculturales que no son negociables. De allí no podremos movernos. Ahora es el momento de asumir nuestra responsabilidad profesional, defender lo construido, y crear nuevas maneras de intervención psicosocial[9].