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 “Por la mañana ingresó una psicóloga donde yo estaba internada y al constatar que me rodeaban dos policías uniformados y uno de seguridad privada en el lecho de convalecencia, quienes además me hacían preguntas sobre la denuncia formulada por mis médicas tratantes, ordenó que se retiraran de inmediato, me llevaron a un lugar donde dispusiera de privacidad y dijo expresamente que se estaba violando mi intimidad”- siguió María Magdalena en su denuncia. Esa psicóloga y otras dos más que vieron la escena dejaron constancia de la violación del secreto profesional, de la intimidad y de la violencia obstétrica contra la paciente en la historia clínica. Las autoridades hospitalarias resolvieron archivar el caso. Ahora es la Justicia de Tucumán la que silencia la denuncia de María Magdalena”.

Mariana Carvajal

La violencia invisible.

Página 12, domingo 25 de noviembre del 2012

         Lo que antecede es el final de una nota que aparece el mismo día en que se intenta  concientizar acerca de la no violencia contra la mujer. Muchas acciones comunitarias,  comunicacionales y mediáticas se sumaron a ese discurso contra la no violencia la mujer. Incluso una “bicicleteada” partida desde nuestro hospital.

         La nota periodística relata y denuncia un caso de violencia. Sólo uno. Sólo uno, en cientos y miles en las estadísticas.

         Pero vayamos al sólo uno.

         El relato de la periodista (que es el texto sobre el que estoy trabajando en esta ocasión) denuncia un caso. El de una mujer, de 26 años que asiste a la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, que depende del gobierno provincial de Tucumán y es la más grande por cantidad de partos del norte Argentino. Asiste a la maternidad con un aborto en curso. La paciente tiene una condición socio-económica muy humilde e intenta, al declarar que está en pareja desde hace más de 10 años con el padre de sus tres hijos, una suerte de resguardo social-moral que la proteja de la violencia psicológica y moral, protegiéndose de la injuria social. Una especie de descargo frente a la suposición de su culpabilidad penal. Como si dijera: “Miren que tengo un único marido, no soy prostituta, ni promiscua…”.

         A pesar de su condición humilde, por suerte María Magdalena tenía los recursos simbólicos para llevar adelante una denuncia. Seguramente contó con el lazo de los otros. Solidaridad imprescindible para cualquiera que se sienta damnificada de un maltrato por parte de un Otro poderoso. Por ejemplo, algún discurso médico, la institución hospitalaria, la justicia, incluso.

         Pero tenía mucho miedo. Porque su salud estaba dependiendo de los mismos que la maltrataban.

         A pesar de ello, y luego del periplo realizado por esa maternidad realizó una denuncia, y a partir de ella, la periodista mencionada escribió la nota citada. No voy a comentar la nota periodística, ni resumirla. Cualquiera puede acceder a ella por internet, pero fundamentalmente porque no es el propósito de este texto. Sin embargo me es menester relevar algunos datos que ya son de conocimiento público a partir de su visibilidad mediática,  para poder contextualizar la reflexión que propongo.

         La información periodística destaca que en el caso que se conoce como “María Magdalena” —nombre ficticio para la preservación de la identidad— el personal médico de esa maternidad en Tucumán, llamó a la policía para denunciar a la paciente por sospecha de haberse auto-causado el aborto que estaba en curso. Y que antes de realizarle un legrado sin anestesia, fue objeto de un interrogatorio policial, acusatorio e injuriante por parte no sólo del personal policial, sino también del profesional médico. Internada además en una sala de maternidad (no de ginecología, como hubiera sido necesario), fue objeto —como todos los que trabajamos en un Hospital General sabemos— del repudio verbal y actitudinal de sus compañeras de sala, generalmente madres felices de su condición de tal, en esa ocasión.

         Todas estas referencias se me imponen necesarias para contextuar la consideración sobre la que intento detener la atención del lector.

         En primer lugar, resulta muy interesante el nombre ficticio que utiliza la periodista para referirse a la paciente. María Magdalena. Concentra en el imaginario social aquella mujer viciosa, pecadora, lujuriosa, prostituta —para decirlo sin eufemismos— que la historia del Nuevo Testamento santificó como paradigma de la conversión cristiana. De pecadora a devota. Pero… originalmente pecadora.

         Una mujer internada en una sala de maternidad, rodeada de custodios morales y penales, en un hospital, al que concurrió con un aborto en curso… ¿Qué debe hacer un psicólogo o psicóloga… o un psicoanalista… convocado a esa situación? ¿Indagar acerca del complejo de Edipo de la paciente? No, definitivamente no. ¿”Contener” a la paciente en su angustia? No, definitivamente no. ¿Convocar a un psiquiatra para que administre algún ansiolítico? No, definitivamente tampoco es la indicación inicial.

         Lo que debe hacer una psicóloga o cualquier otro profesional de un equipo de salud en esa situación es primero que cualquier otra cosa, exactamente lo que hizo la colega tucumana. Resguardar su intimidad.

         ¿Por qué? ¿Los psicólogos o incluso los psicoanalistas somos abogados? ¿Los profesionales de la salud somos abogados? No. Lo que no invalida que defendamos algo. Defendemos por ética y por epistemología el derecho del sujeto. Tanto del sujeto, como sujeto de derechos, como del sujeto, en su subjetividad.

         Muchas veces, sobre todo en situaciones graves, clínicas o institucionalmente graves, los psicoanalistas —contra cualquier opinión simplista que considere que nos ocupamos de lo que a cada uno le pasó con “mamá” o “papa”…  o que tardamos años eternos  en atender a un paciente… nos encontramos interviniendo contra el abuso que el Otro (sea alguien de la familia, sea una institución, sea incluso un delirio psicótico) propina al sujeto.

         ¿Qué hace la psicóloga tucumana cuando ordena primero, retirar al personal policial, luego  procurar un ambiente de privacidad para hablar con la paciente y finalmente dejar constancia en la historia clínica de lo que fue testigo?

         Realiza un acto profesional, ético, responsable, compatible y exigible con su matrícula como psicológica. Y resguarda el valor del sujeto, caro a la ética de un psicoanalista. Tanto con su paciente, como con las leyes vigentes. Por ejemplo la de la violencia obstétrica (ley 8136 de la provincia de Tucumán, en conformidad con la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia a las mujeres, donde se expresa: “violencia obstétrica: aquélla que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la ley 25.929”).

         Tal vez de haber intervenido, como establece la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, un equipo interdisciplinario, esta breve reflexión se orientaría al conjunto de los integrantes de ese equipo y no sólo a la colega psicóloga.

         Defender la Ley no es algo diferente de ejercer la profesión del psicólogo sea de la corriente psicológica que sea. Desconozco absolutamente tanto el nombre como la orientación científica de la colega mencionada. Pero especialmente para un psicoanalista, resguardar al sujeto, tanto en su subjetividad como en sus derechos, es núcleo esencial de la tarea cotidiana en el hospital público. Lo mismo, entiendo, que en sentido amplio, debería ser la posición ética de cualquier integrante de un equipo de salud.

         La intervención de la psicóloga en esa escena detiene lo que consistiría lisa y llanamente en un atropello a la intimidad. Y La intimidad no es algo disociado de lo público. Por el contrario, el respeto a la intimidad es algo esencial para la constitución de los lazos y de una comunidad. La intimidad es aquello que constituye y construye, forma, el pudor. El pudor, dique psíquico por excelencia, es el que preserva nuestra intimidad y al mismo tiempo hace posible compartirla, bajo esa misma condición: que se respete el pudor.

         Virtud esencial entonces en cualquier lazo social, el pudor se torna imprescindible en un vínculo terapéutico, no sólo psicológico, sino también médico. En tanto la relación médico-paciente, encuentra en él uno de sus fundamentos.

         Justamente por permitir articular la intimidad y lo público, según relata Platón, el pudor resulta, junto con la justicia, el regalo que los dioses realizan a los mortales para dotarlos de instrumentos que favorezcan su buena convivencia. (1)

         La nota periodística no consigna cuáles fueron las consecuencias institucionales para esa valiente colega tucumana. Esperemos que conserve el trabajo, y de no ser así, pueda contar con la defensa gremial y solidaria que debería asistirla.

         A modo de conclusión… un profesional psicólogo, un profesional integrante del equipo de salud, convocado a la tarea pública, funcionario del sector público entonces, está habilitado, si está dispuesto, a sostener la ética de la responsabilidad, y de la jerarquía del sujeto, en sus dos vertientes (que no son antagónicas sino todo lo contrario): la del sujeto de derechos y la de la dignidad de la subjetividad.

         El juicio moral no forma parte de la ética médica. Ni psicológica. Menos aún psicoanalítica. Quienes se esgrimen en jueces, con el poder extra de causar dolor a un paciente, moral, físico o psicológico, faltan a su juramento en el arte de aliviar el dolor, curando. Sean de la profesión que sean.

         Las instituciones, como representantes de lo público, tienen la obligación de proteger el lazo social entre las personas, como paradigma de la polis.  Pero “cuando desde el poder se viola la privacidad de las personas, el lazo social se degrada”. (2)

Patricia Ramos es psicoanalista, Coordinadora de Docencia del Servicio de Salud Mental, Coordinadora del Programa de Concurrencias en Salud Mental, Hospital Gral. de Agudos “J. M. Ramos Mejía”, Ciudad de Buenos Aires.

(1) Cf. PLATÓN, Protágoras. En: ZABALZA, S. El gobernante, la justicia y el pudor. Revista Imago, N° 165. p. 46.

(2) Cf. ZABALZA, S. El gobernante, la justicia y el pudor. Revista Imago,  N° 165, p. 46